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¿Cómo serán los coches del futuro? ¿Y sus seguros?

El desarrollo de la tecnología avanza tan rápido que a mediados de década aparecerán en el mercado coches que funcionen sin que el conductor tenga que utilizar ni volante ni pedales

Parece lejano en el horizonte, pero la conducción autónoma está a la vuelta de la esquina. En Alemania, grandes empresas del sector de la automoción como BMW o Mercedes llevan años perfeccionando este sistema y todo parece indicar que en torno al año 2023 estas multinacionales empezarán a poner en el mercado sus modelos de mayor gama con estas prestaciones. Este hecho abre un gran número de cuestiones para conductores y aseguradoras, que tendrán que afrontar un cambio importante en el modus operandi que han venido desarrollando en las últimas décadas.

Y es que esto es todo un momento histórico, tanto en el ámbito del transporte como en el de la tecnología, pues son ya muchos los años y el dinero que se está invirtiendo en investigación y desarrollo en lo que supone toda una pugna por desarrollar los mejores sistemas de automatización en la conducción y por poder comercializarlos lo antes posible.

Pero, ¿cómo serán esos coches del futuro?, ¿qué cambiará el hecho de que los conductores pierdan su protagonismo y no tengan que manejar ni volante ni pedales a la hora de utilizar un vehículo? Y sobre todo, ¿qué pasará con la actual legislación, la siniestralidad o los seguros? Todos estos dilemas aún por resolver irán poco a poco conociendo su respuesta, aunque por lo pronto se puede ir vislumbrando cuál será el camino a seguir echando un vistazo al modelo seguido en otros países europeos.

Nuevamente el ejemplo de Alemania es claro y el pasado verano, en junio de 2021, se aprobó en el parlamento germano el proyecto de ley de conducción autónoma. Quedaban así regulados de cara al futuro aspectos técnicos como la construcción, la condición y el equipamiento de los vehículos de motor con este tipo de características. De hecho, ya hace tiempo que la Unión Europea está allanando el camino para que irrumpa el vehículo totalmente autónomo y automatizado.

Es más, una comunicación de la Comisión Europea del año 2010 ya estipulaba como uno de sus objetivos el uso generalizado de “sistemas de cooperación” que interactuasen tanto entre vehículos como entre estos y los elementos de la vía. Todo ello con un mismo fin: un compromiso por promover la utilización de nuevas tecnologías en la industria de la automoción.

El problema de la responsabilidad civil
Actualmente el sistema previsto para la circulación de vehículos es un sistema basado en la responsabilidad subjetiva o por culpa. Fija sus criterios de decisión en la acción u omisión culposa o imprudente de la persona que va a los mandos de cada vehículo. Es decir, aunque sea difícil exonerarse de toda responsabilidad, ésta se basa en la conducta de quien maneja el vehículo.

Con este cambio del “conductor humano” por el “conductor sistema operativo” desaparece el sujeto que lleva a cabo la acción de conducir. O sea que, conforme se vaya normalizando la adquisición de este tipo de vehículos y se establezcan en la sociedad, llegará un punto donde no podrá hablarse de conducción en el sentido que establece la normativa vigente.

Todo esto provocará la ausencia de un conductor humano y de sus defectos y por ende que la causa inmediata de la gran mayoría de siniestros pase a ser un fallo o error en alguno de los elementos, tanto de las propias piezas del vehículo como del hardware o del software que componen los sistemas inteligentes del transporte que sustenta la conducción autónoma. Así pues, quedará en un segundo plano la acción u omisión culposa actualmente vigente.

La valoración de estos cambios
Evidentemente este cúmulo de cambios dibujaría un escenario totalmente novedoso para todos los usuarios: legisladores, conductores, aseguradoras y abogados encargados de gestionar este tipo de incidentes. Juan Torroba Díaz es precisamente especialista en responsabilidad civil y derecho de seguros y considera que “estas modificaciones supondrán un hito importantísimo en la forma de conocer y entender el aseguramiento en el ámbito del tráfico rodado”.

Tal y como anteriormente se detallaba, “la desaparición del conductor y su sustitución por el sistema operativo del vehículo conlleva que no podamos hablar ya de la culpa del conductor, sino de un producto o servicio defectuoso por no ofrecer los niveles de seguridad adecuados al riesgo que comporta”. Por ello, Torroba Díaz considera que “el seguro será más parecido a un seguro de accidentes que a uno de autos, toda vez que la ocurrencia del siniestro será hecho más que suficiente para exigir la responsabilidad derivada del mismo”, aunque sin perder de vista que en determinados supuestos se mantendrá la culpa exclusiva de la víctima o peatón.

Se pasaría a hablar entonces de ausencia de culpa a efectos legales en este tipo de supuestos. Pues, tal y como establece la actual LRCSCVM, la culpa solo puede aplicarse a aquellas personas con capacidad suficiente. No obstante, el responsable -que no el culpable- dependerá de cada caso concreto.

Así pues, explica el letrado que “en aquellos casos en los que el accidente sea causado por un vehículo propiedad de un particular, podrá imputarse la responsabilidad a dicho particular por ser el propietario del vehículo en cuestión”. Sin embargo, en los supuestos en los que el siniestro sea causado por un vehículo perteneciente a una flota de empresa, por ejemplo Uber, que ya se ha visto inmerso en algún accidente de este tipo, “la responsabilidad derivará de la legislación de consumidores ya que los servicios ofrecidos deben ser seguros”.

Ello, evidentemente, con independencia de que la responsabilidad final en última instancia pueda recaer sobre el fabricante del producto por no ofrecer niveles de seguridad adecuados al riesgo que genera el producto. Algo que conllevaría a pensar en el defecto de seguridad como criterio de imputación, explica.

¿Qué sucederá con la siniestralidad?
Uno de los aspectos por los que se insiste tanto en la investigación y el desarrollo de la conducción autónoma es la reducción de la siniestralidad. Para Torroba Díaz cabe un doble análisis. Por un lado valora muy positivamente este hito, pues “conllevará la desaparición de los despistes, los excesos de velocidad y otros factores íntimamente relacionados con la noción de conductor”. Algo que, sin duda, “reducirá a niveles nunca antes vistos la siniestralidad”.

No obstante, no cree que la conducción autónoma acarree la desaparición de la siniestralidad. Por ello recuerda que “solo tenemos que pensar en el gran número de accidentes que ocurren día a día en otros ámbitos que en su momento se aprovecharon de la automatización de funciones mediante maquinaria, como puede ser la industria”.

Fuente: elconfidencialdigital.com

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¿Necesito un seguro para mi dron?

La ley determina sanciones de hasta 225.000 euros si vuelan sin tener una póliza de responsabilidad civil

Los drones están de moda. Para muchos niños, y no tan niños, se trata de un juguete. Pero los usos profesionales de estos artefactos voladores crecen de manera exponencial. A finales de 2020 eran cerca de 6.500 los drones registrados, un 55% más que doce meses atrás. Algunas previsiones del sector asegurador auguran que en 2035 habrá más de 51.000 drones de uso profesional. Una actividad que también acarrea obligaciones. Entre ellas la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños a terceros.

Los drones de juguete y los de menos de 250 gramos están exentos de cumplir con esta exigencia, pero el resto, tengan o no un uso profesional, deben cumplir con la norma europea que obliga a contratar una póliza de responsabilidad civil. Esta exigencia entró en vigor en enero de este año. El incumplimiento puede resultar muy caro. Las sanciones van desde los 60 a los 225.000 euros.

No obstante, los expertos en seguros recuerdan que este tipo de pólizas de responsabilidad civil solo cubre los daños personales y materiales que pueda casar el dron a terceros. Desde el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros aclaran que «la mayoría de las pólizas para drones, por norma general, no cubren los daños del dron si se choca o se incendia». El precio del seguro obligatorio varía en función de las características de cada aparato y también de su uso.

Coberturas que incluyen la invasión de la intimidad
Aunque la ley no lo exige, los expertos en seguros recomiendan a los propietarios de drones la contratación de pólizas que ofrecen otras coberturas que van más allá de los daños que pueda ocasionar el artefacto volador. Garantías que incluyen la pérdida, el robo y hasta la defensa legal si alguien denuncia que el dron ha invadido su intimidad.

Agentes y corredores explican que cada vez más compañías ofrecen pólizas para drones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que el seguro se responsabilice de los daños del dron en caso de accidente es imprescindible haber cumplido con las siguientes normas:

No sobrevolar las aglomeraciones de personas
No transportar ni entregar mercancías peligrosas
No sobrepasar los 120 metros de altura sin autorización
No hacer fotos ni vídeos a otras personas sin su autorización.
No volar cerca de aeropuertos, zonas militares, infraestructuras críticas o zonas protegidas medioambientalmente
No perder de vista el dron durante el vuelo.
Tener un mínimo de formación acreditable en función de la categoría que se opere. Se exige haber aprobado un examen para manejarlos.

Los mediadores de seguro consideran que «aunque los drones no parecen aparatos peligrosos, sin embargo, como cualquier aeronave, puede causar daños importantes a terceras personas, por lo que disponer de un seguro es muy recomendable y obligatorio en la mayoría de los casos».

Es posible que la póliza del hogar pueda ofrecer cobertura en los casos en los que la ley no exige la contratación del seguro obligatorio, según recuerdan desde la institución colegial que representa a los mediadores. Para ello es imprescindible haber asegurado capital de contenido o, lo que los mismo, la responsabilidad civil privada. En cualquier caso, habrá que revisar el contrato de seguro para conocer las condiciones de la póliza y las posibles exclusiones.

Fuente: lavanguardia.com

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El seguro pagará un 9% más por lucro cesante de fallecidos en accidentes

El Gobierno quiere arrancar 2022 con el sistema de valoración de daños personales por accidentes de tráfico, o más conocido como baremo de autos, actualizado. Por eso ha acelerado el proceso y ha puesto a consulta pública una regulación, previamente analizada con la industria, que mejorará de forma sustancial gran parte de las indemnizaciones por daños personales, con intención de que entre en vigor a partir del mismo 1 de enero.

Los cambios introducidos conllevarán, entre otros, un aumento medio del 8,8% en las indemnizaciones por el llamado lucro cesante en caso de fallecimiento en accidente de tráfico y que equivale a compensar el salario y beneficios económicos que obtendría su familia y allegados en caso de no perder la vida en la colisión.

La compensación por la pérdida económica varía, sin embargo, en horquillas que oscilan entre una bajada del 20% para las compensaciones a hermanos de la víctima a más que duplicar las actuales percepciones para el cónyuge e hijos si son discapacitados.

Entre las mayores variaciones que introducirá el baremo figuran también los daños emergentes o gastos ciertos en los que se incurren para reparar el perjuicio provocado por la colisión. Las nuevas tablas provocarán, en concreto, un aumento de las coberturas del 49,1% en este tipo de daños para lesionados con secuelas, con incrementos del 91% en las partidas asociadas para gastos cuando la persona dañada necesita valerse de terceras personas y del 13,3% en el lucro cesante.

El incremento en las indemnizaciones por incapacidad de los lesionados pendientes de acceder al mercado laboral puede llegar además al 56-57%, dependiendo de si la incapacidad es absoluta o total.

Son algunas de las estimaciones de impacto incluidas en la memoria económica que acompaña a la normativa puesta a consulta pública por la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones hasta el próximo 17 de diciembre.

Para su cálculo toma de base 5.876 siniestros reales ocurridos entre los años 2016 y 2019, con 8.664 víctimas -1.042 fallecidos y 5.255 lesionados con secuelas-. Para la comparativa se ha apoyado en Tirea y Unespa, con la participación de 18 entidades representativas del 82,5% del mercado asegurador.

Trasladado a las cuentas del sector, la primera aproximación indica que las nuevas tablas se podrían traducir en un aumento del 2,2% en los costes asociados a los riesgos cubiertos por la responsabilidad civil del automóvil. En cuantía absolutas, equivaldría a unos 95,8 millones en coste adicional sobre los 4.217 millones de euros que soportó la industria aseguradora en siniestros de responsabilidad civil.

La importancia del conocido como baremo de autos transciende al seguro del automóvil ya que se usan de referencia para cifrar los daños a reparar en siniestros distintos a los de tráfico -aéreos, ferroviarios, en embarcaciones, etc-.

Se utilizó, por ejemplo, como guía para el resarcimiento a las víctimas del avión siniestrado de Spanair en 2008, donde fallecieron 154 de los 172 pasajeros; en el descarrilamiento del tren en Santiago de Compostela en 2013, donde 79 personas perdieron la vida y dejó casi 200 heridos o el del metro de Valencia en 2006 -43 fallecidos y 47 heridos-.

Accidentes aéreos y de tren
El actual baremo fue aprobado en el año 2015 y entró en vigor en el 2016 para sustituir unas tablas previas que habían estado en vigor durante 20 años y ya no se ajustaban a la realidad por sus hipótesis actuariales, cuantías ni por la realidad social al no contemplar, por ejemplo, los nuevos modelos de familias.

Aquella revisión, sobre las tablas vigentes desde el 1995, comportó ya un aumento del 11% en la masa indemnizable por accidentes, con incrementos superiores al 50% en casos de fallecimientos y grandes lesionados. Para evitar que volviesen a quedar obsoletas, la misma norma instaba a una revisión periódica, que es la actual. Tras consultar al sector, actualizará los conceptos fijando algunos suelos en compensaciones de menor cuantía y con una vinculación a situaciones como el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) entre otras.

Fuente: eleconomista.es

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La Ley de Tráfico entrará en vigor en marzo: adelantar será más complicado

El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Tráfico. Aquí tienes las principales reformas que introduce y las nuevas sanciones.

El Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la Ley de Tráfico con algunas enmiendas previamente pactadas por los grupos políticos. Lo hizo sobre el texto ya rectificado por el Pleno del Senado, en el que se recogían las principales orientaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Gobierno.

La Cámara Baja rectificó dos puntos debatidos hasta la saciedad que había aprobado el Congreso en primera instancia: el mantenimiento del margen de 20 km/h para adelantar a un vehículo lento en las carreteras convencionales y la equiparación de la formación digital a la presencial. Ni una cosa ni la otra están en la definitiva redacción que se podrá leer en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días y entrará en vigor unos tres meses después, en el mes de marzo.

La nueva Ley incluye en su articulado una somera reglamentación de la movilidad emergente, la de los vehículos de movilidad personal o VMP, especialmente para los usuarios de patinetes, que no se contemplaban en la norma que ahora se modifica. También entran por primera vez menciones a la automatización de los vehículos con vistas a un futuro en el que la mano del conductor sea menos determinante que el software del automóvil.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, mostró su satisfacción por la reforma de la ley, que supone, en su opinión, un paso más hacia la siniestralidad cero, el ambicioso objetivo europeo para la movilidad en 2050. Y recordó que se endurece la retracción de puntos, pero no se aumentan las sanciones económicas.

PUNTOS. Conducir sujetando el móvil restará seis puntos en lugar de cuatro; no llevar o llevar mal el cinturón de seguridad, el sistema de retención infantil y el casco detraerá cuatro puntos y no los tres aún vigentes. Los adelantamientos temerarios a usuarios vulnerables cuestan seis puntos. La totalidad de los puntos se recuperarán en un plazo de dos años sin denuncias.

MULTAS. Cuesta 500 euros la suplantación en un examen o la utilización de métodos de comunicación para realizarlos, así como arrojar a la vía objetos que puedan producir incendios o accidentes. Las infracciones graves se multan con 200 euros, entre ellas llevar en el coche detectores de radares, se usen o no, sujetar el móvil con una mano o encajarlo entre la cabeza y el casco. Las infracciones leves, hasta 100 euros de multa, incumplir otras normas de circulación.

ADELANTAR SEGURO. La eliminación del artículo que permitía adelantar hasta a 110 km/h en una carretera limitada a 90 km/h fue defendido una vez más por el PSOE en el Congreso con el argumento de que «esta ley no pretende agradar», dijo José Carlos Durán, sino salvar al menos parte de las vidas que se cobran las carreteras convencionales, el 70% del total. PP y Vox ven en la supresión afán recaudatorio (al evitarse recursos a multas en radares de tramo). La eliminación del apartado 4 del articulo 21 relativo a ese margen de velocidad que ha terminado la Ley de Tráfico ha recibido 189 votos a favor, 138 en contra y una abstención.

AUTOESCUELAS. El Congreso aprueba la preferencia de la formación presencial para presentarse al examen teórico del carné de conducir. Miguel Gutiérrez (Ciudadanos) achacó el cambio del sentido del voto de algunos grupos políticos «a las presiones de la formación tradicional» y criticó el concepto de «aula virtual» para los cursos de sensibilización por considerarlo «indeterminado».

PATINETES. La ley saca estos vehículos de las aceras, aunque enmienda que sea infracción grave. Deja a los ayuntamientos la potestad de sancionar como consideren oportuno. El casco será obligatorio y ningún menor podrá subirse a un patinete o bicicleta después de haber ingerido un gota de alcohol.

USO DEL MÓVIL: SEIS PUNTOS
Entre las modificaciones más sensibles y más severas está la detracción de tres a seis puntos por utilizar el móvil con la mano. Lo que pretende la Ley es que no se use el móvil en ningún momento durante la conducción a excepción de que esté conectado al vehículo y, por ejemplo, se le ordene al coche que efectúe una llamada a un contacto de la agenda.

CINTURÓN DE SEGURIDAD: 4 PUNTOS
La Ley de Tráfico aumenta las posibilidades de ser multado si no vas debidamente sujeto. Se perderán cuatro puntos por el uso indebido del cinturón de seguridad, los sistemas de protección infantil (SRI) y el casco en el caso de los motoristas.

ARROJAR COLILLAS U OBJETOS A LA VÍA
La nueva Ley introduce un apartado en el que se produce el aumento de cuatro a seis puntos de detracción por arrojar a la vía objetos que puedan provocar incendioso accidentes a otros usuarios de la vía pública.

ADELANTAR A LOS CICLISTAS
No respetar la distancia de seguridad de un metro y medio al adelantar ciclistas también está sancionado con la retirada de seis puntos. Los ciclistas son los usuarios vulnerables en los que, según la DGT, se ha producido un mayor aumento de la siniestralidad tras el mayor uso de la bicicleta en la pandemia.

PATINETES Y ALCOHOL
La nueva Ley también prohíbe que los menores que usen vehículos de movilidad personal (VMP) puedan conducir si han ingerido la más mínima cantidad de alcohol.

Los usuarios de patinetes tampoco podrán circular por las aceras para proteger «al usuario más vulnerable en las vías públicas, el peatón».

TRIUNFO DE LA AUTOESCUELA PRESENCIAL
La Ley de Tráfico prioriza la formación presencial en las autoescuelas físicas, algo en lo que coincidieron casi todos los grupos atendiendo al mantenimiento de los puestos de trabajo y una eventual mejora de la seguridad vial dada la que suponen mejor formación.

En la Ley se incluye la promoción de cursos de concienciación y sensibilización a través de un aula virtual que asegure la interacción entre docentes y alumnos.

Fuente: elmundo.es

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Estas son las multas más caras de Tráfico: hasta 20.000 euros que te pueden poner

La DGT contempla un buen puñado de multas que, en función de la gravedad, alguna podría alcanzar los 20.000 euros. ¿Cuáles son?

Si bien la mayoría de multas de tráfico se agrupan en multas leves, graves y muy graves, cuyo importe máximo (en el caso de estas últimas) suele ascender a 500 euros –y 6 puntos menos en el carné–, existen otro tipo de multas cuya sanción económica es mucho, mucho mayor.

Conducir con un inhibidor de radares, sin el seguro obligatorio, por consumo excesivo de alcohol y de drogas, por alteración de la vía pública… No querrás que te pongan una multa de este tipo: por tu seguridad, por la del resto de usuarios de la vía y porque las correspondientes multas alcanzan las cuatro cifras. Esto es lo que dice la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial al respecto.

MULTAS DE HASTA 1.000 EUROS
Aquí tenemos que hablar de las sanciones por conducir bajo los efectos de las drogas y del alcohol. Recuerda que la tasa de alcohol permitida es 0,25 mg/l en aire espirado como máximo (0,15 mg/l para conductores noveles y profesionales). Si superas ese límite y es inferior a 0,50 mg/l, la multa se considera grave y serás sancionado con 500 euros, aparte de la pérdida de puntos.

Si el resultado es superior a 0,50 mg/l, la multa ya es de 1.000 euros (y 4 o 6 puntos menos); y si ya superas los 0,60 mg/l, entraría en juego el Código Penal y podrías enfrentarte a penas de prisión de 3 a 6 meses y a la retirada del carné durante de uno a cuatro años.

Con las drogas la permisividad es menor: si te pillan conduciendo bajo los efectos de las drogas, la sanción es directa de 1.000 euros y, como en el caso del alcohol, 6 puntos menos en el carné. Si las sustancias son tóxicas, estupefaciente o psicotrópicas, ya se considera delito y las penas podrían ser como las comentadas anteriormente.

Si un conductor se niega a pasar el control de alcoholemia o de drogas ante los agentes de tráfico, se enfrenta a una multa de otros 1.000 euros, a penas de prisión de seis meses a un año y la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

MULTAS DE HASTA 3.005 EUROS
La sanción por no tener contratado el seguro obligatorio de responsabilidad civil se castiga con multas que van desde los 601 hasta los 3.005 euros, en función del tipo de vehículo y del tipo de permiso exigido para conducirlo. Aunque no se considere un delito conducir sin seguro –sí es obligatorio, no obstante–, la multa puede ser cuantiosa y, en caso de accidente, el conductor tendrá que afrontar los pagos y posibles indemnizaciones con dinero de su bolsillo.

MULTAS DE HASTA 6.000 EUROS
No solo por utilizar un inhibidor de radar en el coche para alterar el funcionamiento de estos radares, sino que también te pueden sancionar con esa cuantiosa multa por el mero hecho de llevarlo en el coche. Además, perderás 6 puntos en el carné. En el caso de “cazar” al taller responsable de la instalación de un inhibidor de radar, la multa para dicho taller asciende a 30.000 euros.

MULTAS DE HASTA 20.000 EUROS
Estas sanciones pueden alcanzar cuantiosas cifras: la retirada, ocultación, alteración o deterioro de las señales permanentes u ocasionales de la carretera se castiga con multas desde los 3.000 hasta los 20.000 euros. Lo mismo para los que hagan obras en la vía sin la autorización correspondiente, así como para los que causen daños a la infraestructura de la vía, realicen “alteraciones a la circulación debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la correspondiente autorización administrativa o se hayan incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la obligación de la reparación del daño causado”

Fuente: autopista.es

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Seguro de pérdida de beneficios por interrupción de la empresa como consecuencia de la COVID-19

La nueva doctrina jurisprudencial ha sido bien recibida, siendo necesaria no solo por las empresas con esta tipología de seguros, sino también para las entidades aseguradores, así como para jueces y abogados encargados de interpretar la ley

Existe una nueva doctrina jurisprudencial que se pronuncia sobre una cuestión de rabiosa actualidad, en concreto, sobre la interpretación de determinadas pólizas de seguros y la cobertura del riesgo derivado de la interrupción de la actividad empresarial como consecuencia de la COVID-19.

Como era de esperar, esta nueva doctrina jurisprudencial ha sido bien recibida, siendo necesaria no solo por las empresas con esta tipología de seguros, sino también para las entidades aseguradores, así como para jueces y abogados encargados de interpretar la ley.

Entre otros, los criterios implantados son los siguientes:

a) El primer supuesto analiza si deben considerarse incorporadas a la póliza unas condiciones generales que ni siquiera han sido entregadas al asegurado y que precisamente abordan la cuestión de la cobertura de pérdida de beneficios por determinados acontecimientos que incluyen el cierre del local por la situación de la pandemia.

El Tribunal concluye que las condiciones generales no fueron incorporadas al contrato. No obstante, llega a una conclusión esencial sobre la cuestión al indicar que «… la cobertura de paralización de actividad se establece de manera independiente y no condicionada para todos los supuestos de paralización de actividad. La cobertura, así, es clara a favor del asegurado».

b) El segundo supuesto versa sobre la interpretación de la inclusión en la póliza de la siguiente clausula: «las pérdidas que usted sufra con motivo de la paralización parcial o total de la actividad de negocio asegurado, a consecuencia de cualquier siniestro cuyos daños materiales encuentren amparados por esta póliza».

El tribunal, para poder juzgar la existencia o no de cobertura a favor de la asegurada, llega a las siguientes determinaciones:

  • La pandemia del COVID-19 no es una causa de fuerza mayor del artículo 1.105 del Código Civil en tanto en cuanto la «…imprevisibilidad como elemento definidor de la misma no se aprecia por cuanto la posibilidad de sufrir pandemias periódicamente es un hecho reconocido por el propio sector asegurador».
  • En lo que respecta a la interpretación del clausulado, la cláusula en cuestión se encuadraría en aquellas que tratan de limitar el riesgo. A diferencia de las cláusulas propiamente delimitadoras del riesgo asumido.
  • En atención a lo indicado, debe considerarse incluido en la cobertura de la póliza la situación generada por las medidas adoptadas para frenar la expansión de la COVID-19 y entre ellas el cese de la actividad del negocio asegurado impuesto gubernativamente.

Dichas sentencias indicadas son la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 16 de junio de 2021 de la Sección 2ª  y la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 14 de Granada de 21 de julio de 2021.

De esta manera, vemos que resulta esencial contar con un asesoramiento experto en lo que respecta a la suscripción de pólizas de seguros de este tipo o la reclamación judicial cuando la aseguradora entienda que se excluye una cobertura de este tipo, así como expertos conocedores del mercado que puedan obtener la mejor póliza de entre toda la competencia existente en lo que respecta a este punto.

Fuente: juridicas.com

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¿Cubre el seguro del coche y la moto los daños causados por actos vandálicos?

En las últimas semanas, en Barcelona, han tenido lugar diversos macrobotellones que han derivado en comportamientos incívicos, con destrozos y quema de vehículos

Aparcar el coche en la calle no es la mejor de las opciones. Sin embargo, a veces no queda otra, y ya sea por los precios prohibitivos de las plazas de aparcamiento de las grandes ciudades o bien porque simplemente no hay dónde estacionar, nos vemos obligados a dejar nuestro vehículo a la intemperie, y a exponerlo a los riesgos que esto conlleva.

En este artículo vamos a tratar uno de los temas que más preocupan a las personas que dejan sus vehículos durmiendo en la calle: los actos vandálicos. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, durante las fiestas de la Mercè de Barcelona tuvo lugar un macrobotellón que reunió a miles de personas y que derivó en numerosos actos vandálicos como la quema de vehículos. En casos ¿están cubiertos por el seguro?

¿Qué se considera vandalismo o acto vandálico?
Este concepto hace referencia a cualquier desperfecto, ya sea de mayor o menor envergadura, que se haya producido en un vehículo con la única y exclusiva intención de causar daños. Este tipo de acto puede incluir arañazos, abolladuras, roturas de espejos o de lunas o, incluso, el incendio de un vehículo.

¿El seguro cubre este tipo de daños?
Antes de analizar esta cuestión, es importante saber si conocemos o no el responsable del acto. En caso afirmativo, será él quien se encargue de pagar los desperfectos ocasionados. Sin embargo, si no aparece el autor de los hechos, la indemnización dependerá únicamente del tipo de póliza de seguro que tengamos contratada.

En este punto, deberemos comprobar si nuestro seguro tiene contratada la cobertura de daños propios, “que es la que cubre los actos malintencionados causados por terceros no identificados, siempre que los desperfectos no puedan ser asumidos por otras coberturas como la de incendio, robo o rotura de lunas», apuntan desde Arpem Seguros.

Este tipo de cobertura va incluida en las pólizas a todo riesgo, por lo que si dispones de ella el seguro se hará cargo de los desperfectos, cubriendo todos los gastos hasta el límite fijado en el condicionado de la póliza. Si el seguro es con franquicia, de la indemnización que recibiremos deberemos descontar el importe de la franquicia, del que se hace cargo el propio asegurado.

En el caso de los seguros a terceros, Arpem indica que estos “solo cubren los daños que nosotros podemos causar a terceras personas, pero no los daños que sufra el vehículo asegurado. Sin embargo, puedes ampliar esta modalidad de seguro con otras coberturas como las antes mencionadas de robo, incendio o rotura de lunas”.

¿Qué puede cubrir la garantía de rotura de lunas?
Las pólizas que incluyen este tipo de cobertura se encargan de cubrir los desperfectos que se hayan realizado en las lunas básicas del vehículo, es decir, parabrisas delantero, luneta trasera y ventanillas laterales, apuntan desde Seguros El Corte Inglés. En la mayoría de los casos no incluyen los espejos retrovisores, el techo solar o lunas tintadas, aunque estas vengan de serie o estén homologadas. Durante los disturbios, los vándalos no tienen muchos miramientos, así que lo más recomendable es que te preocupes de añadir estos componentes para que estén cubiertos en tu póliza.

¿Y la cobertura de incendio?
Si dispones de esta cobertura específica, la aseguradora te indemnizará con el valor del vehículo o de su reparación. No obstante, Seguros El Corte Inglés indica que hay ciertas situaciones como, por ejemplo, los incendios por accidentes, por averías del vehículo o circunstancias meteorológicas y externas que quedaran exentas.

¿Y si mi coche ha sido forzado?
Cuando nos encontremos desperfectos en nuestro vehículo, es muy importante analizar si los daños han sido causados porque sí, sin ningún objetivo, o si, al contrario, estos se han producido como consecuencia de que alguien ha intentado forzar el vehículo con el fin de robarlo. Este segundo caso no se considera acto vandálico ya que los daños son “circunstancia colateral ocurrida porque existía un ánimo de lucro (los bienes de tu propiedad que pudiera encontrar dentro del habitáculo, además de tu vehículo si era su intención llevárselo también). Únicamente se reparará el elemento dañado o se recibirá compensación económica si esta circunstancia estaba asegurada en nuestra póliza”, indican desde Seguros El Corte Inglés.

¿Cubrirá el Consorcio los daños a motos y coches ocasionados durante este fin de semana en las fiestas de la Mercè?
La única manera de que los afectados salgan indemnizados es que los daños sean catalogados de «riesgos extraordinarios». Este concepto hace referencia a los desperfectos producidos a consecuencia de fenómenos de la naturaleza, hechos ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín, tumulto popular, y hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Estos daños los asume el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), una aseguradora pública del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En los supuestos citados en el párrafo anterior, no se harán distinciones entre los que tienen una póliza a todo riesgo y los titulares de una póliza de daños a terceros. Todos serán indemnizados, incluso los ciclomotores, motocicletas, vehículos agrícolas o quads que solo tengan contratada la cobertura de responsabilidad civil. La única condición será que el propietario de la motocicleta o del vehículo afectado deberá tener contratada y al corriente de pago una póliza de seguros.

Según nos informa Alejandro Izuzquiza, Director de Operaciones del CCS, los disturbios de Barcelona entrarían en el concepto de «tumulto popular» de nuestra legislación, en el sentido de que son daños provocados por actuaciones violentas en grupo. Lo determinante es la violencia de las acciones; la existencia de un tumulto, es decir, que no se trata de actuaciones realizadas en el contexto individualizado o de un grupo reducido (el aspecto «tumultuario» es lo clave).

«El CCS considera que los acontecimientos sucedidos en Barcelona fueron de carácter tumultuario, por eso se prevé que se solicite a las autoridades gubernativas o judiciales información sobre cómo se desarrolló para que se pueda concluir si lo que ha acontecido es un «simple» acto vandálico o si se trata de actuación en masa/tumultuaria», afirma Izuzquiza.

¿Con qué cantidad me van a indemnizar?
El CCS valora los daños e indemniza al asegurado con arreglo a las cláusulas del contrato de seguro que hubiese contratado el afectado con su aseguradora, y con el límite que señala la Ley de Contrato de Seguro, que es el capital asegurado en el contrato de seguro. La indemnización se abona directamente al asegurado mediante transferencia bancaria, señala Izuzquiza.

La reclamación al Consorcio se puede hacer por dos vías alternativas. Llamando al centro de atención telefónica (teléfono gratuito del CCS 900 222 665) o por internet en la página web del CCS. El asegurado afectado tiene que dar sus datos, los del bien que ha resultado dañado y los de su seguro (aseguradora y número de póliza de seguro). Al concluir la conversación telefónica o la cumplimentación de las pantallas en la web, el siniestro queda automáticamente registrado en el sistema informático del CCS y se le da al asegurado su número de referencia. A continuación, el CCS asigna un perito para que contacte con el asegurado afectado y concierten la visita para hacer la peritación.

¿Qué ocurre con los daños causados por actos vandálicos que no son consecuencia de tumultos populares?
Fuera de los anteriores supuestos, considerados consorciables, será la compañía aseguradora con la que se tenga contratada la póliza de seguro la que se haga cargo de los daños causados por actos vandálicos, siempre que el propietario del coche o la moto tenga contratada una garantía que los ampare, apunta Luis Miguel Garcia Perez, Claims Vendor Management Manager de Zurich Seguros.

Fuente: lavanguardia.com

PorAntasur

El Consorcio de Compensación inicia los pagos a los afectados por el volcán de La Palma

El número de solicitudes de indemnización ascienden a 289 correspondientes a 230 viviendas, 43 vehículos, 15 comercios y 1 industria

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha empezado a realizar los primeros pagos a asegurados afectados por el volcán de La Palma, por un total de 624.243 euros correspondientes a viviendas destruidas por la lava.

En un comunicado, el CCS explica que hasta el momento ha recibido 289 solicitudes de indemnización, correspondientes a 230 viviendas, 43 vehículos, 15 comercios y 1 industria y procedentes de Los Llanos de Aridane (201), El Paso (73), Tazacorte (7), Breña Alta (4), Villa de Mazo (3) y Santa Cruz de la Palma (1).

Estas solicitudes han sido entregadas al equipo de peritos, de manera que una vez que estos concluyan sus informes y finalice el estudio de los contratos de seguros de los afectados, el CCS hará los correspondientes abonos.

La mayor parte de las solicitudes, un 72 %, se han realizado a través de la página web del consorcio y el resto, de manera telefónica o en papel.

En un 56 % de los casos han sido las propias aseguradoras quienes han solicitado la indemnización en nombre de sus asegurados; en un 33 %, los mediadores, y en el 11 % restante, los propios afectados.

El Consorcio recuerda en el comunicado que solo pueden solicitar la indemnización los afectados asegurados y recomienda que la petición se realice a través de la aseguradora o el mediador, especialmente en caso de no poder acceder a la póliza.

AFECTADOS POR LA DANA

El CCS también ha informado de que ha recibido 17.001 solicitudes de indemnización por daños de inundación de los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de septiembre, por un coste estimado de más de 87 millones de euros.
La primera DANA, en los primeros días de septiembre, generó 11.638 solicitudes por un coste de 59 millones de euros, sobre todo correspondientes a viviendas (7.006), vehículos (3.420) y comercios (1.015).

El segundo episodio de inundaciones, a finales de septiembre, ha derivado en 5.363 solicitudes de indemnización, por 28,3 millones de euros, también centradas en viviendas (2.518), vehículos (2.108) y comercios (646).

Fuente: eldia.es

PorAntasur

Propietarios se lanzan a contratar seguros: las pólizas de impago del alquiler crecen un 124% hasta junio

  • Los propietarios contratan el 75% de pólizas y los inquilinos el 25%
  • El 95% de las viviendas en alquiler están en manos de particulares

Los propietarios de viviendas en alquiler quieren estar protegidos. Cada vez más. La crisis del coronavirus supuso un punto de inflexión en la relación entre propietarios e inquilinos, pero también en el negocio de las compañías especializadas en seguros inmobiliarios, que elevaron exponencialmente la contratación de productos orientados al alquiler.

Pues bien, esa tendencia al alza se mantiene después de los meses más duros de la crisis. La contratación de pólizas de impago del alquiler se ha disparado un 124% hasta junio, según los últimos datos facilitados por Avalisto, la compañía especializada en la protección de alquileres. ¿A qué se debe ese aumento? Los propietarios temen que la situación económica que ha dejado a miles de personas en ERTE o sin trabajo se recrudezca y derive en el impago de las rentas. Esa preocupación se resuelve contratando un seguro de impago del alquiler.

Hay que recordar que el 95% de las viviendas en alquiler que hay en España están en manos de particulares que necesitan el ingreso de las rentas para hacer frente a sus pagos corrientes.

Desde Avalisto explican que el mayor número de pólizas de seguros no solo es consecuencia de la crisis, sino también de la forma y los plazos en los que se pueden contratar estos servicios a través de internet. «El propietario busca protección y el inquilino agilidad en los plazos. El modelo tradicional para contratar una póliza tarda entre dos y 25 días; en cambio, desde plataformas como la nuestra se hace de forma inmediata», dice Raúl Pérez Acebo, presidente y responsable de Negocio de Avalisto. La proptech ya ha firmado el mismo número de pólizas en el primer semestre de 2021 que en todo 2020.

Las incidencias por impago del alquiler bajan, pero todavía están en los niveles de la segunda ola

Pero la contratación de pólizas de seguros no solo es cosa de los propietarios, también de los inquilinos. Los primeros representan el 75% de las pólizas contratadas en Avalisto y lo segundos el 25%.

La compañía también confirma que el 80% de los contratos que se firman en las inmobiliarias ya incluyen pólizas de alquiler, el resto tan solo avales bancarios o la fianza de depósito obligatoria. Las previsiones del Observatorio Español del seguro del Alquiler (OSEA) también confirman el auge de ese tipo de productos. Calcula que el 30% de los nuevos contratos de alquiler que se firmarán en 2021 incluirán un seguro de impago.

Correduría de seguros
El auge de los seguros de protección para viviendas en alquiler ha llevado a Avalisto a dar un paso más. La proptech ha creado una correduría de seguros que ofrecerá varios seguros de hogar y pólizas RC para inquilinos. El proyecto nace con el apoyo de varias compañías del sector asegurador, entre ellas Divina Seguros propiedad del Grupo Divina Pastora Seguros.

«Cuatro aseguradoras se van a unir a la plataforma. Percibimos que hay una falta de información en el mercado por parte de los propietarios e inquilinos», explican el responsable de Avalisto.

Fuente: eleconomista.es

PorAntasur

¿Puede un negocio reclamar a su aseguradora las pérdidas derivadas del cierre por la pandemia?

La reciente sentencia de un Juzgado de Primera Instancia de Granada que condena a una aseguradora a abonar 80.000 euros a un restaurante por las pérdidas que sufrió durante la inactividad del primer estado de alarma siembra esta duda: ¿puede cualquier negocio hostelero reclamar a su seguro los daños económicos causados por ese cierre?

De momento, son tres las sentencias favorables al cliente que han trascendido. La primera condenó a una aseguradora a indemnizar a una pizzería de Girona con 6.000 euros en febrero de 2021 y la segunda, de junio de este mismo año, obligaba a otra compañía de seguros a pagar 18.000 euros al dueño de un restaurante.

Partiendo de estos tres casos conocidos, varios abogados especializados en el sector del seguro explican en una conversación con RTVE.es qué suponen estos fallos judiciales y qué deben saber quienes se planteen iniciar un procedimiento de este tipo.

La redacción de la póliza, lo incluido y lo excluido
La clave del asunto está, por un lado, en la redacción de la póliza y, por otro, en la interpretación que el juez haga de la misma.

La inmensa mayoría de las pólizas en España exigen para la activación de la cobertura de pérdida de beneficios que ella derive de un daño material previo cubierto por la póliza, como podría ser, por ejemplo, un incendio en el local que obligue a cerrar el negocio temporalmente. Otras pólizas incluso excluyen expresamente la cobertura por pandemia.

“A efectos de determinar si una póliza cubre o no es fundamental estar a lo que establece cada póliza y, en concreto, a si la cobertura de pérdida de beneficios exige o no la previa concurrencia de un daño material cubierto y a las exclusiones potencialmente aplicables. Las sentencias dictadas hasta la fecha no son, por tanto, extrapolables a todos los casos en que un restaurante haya tenido que cerrar, debiendo analizarse cada supuesto caso por caso y en función de lo pactado en cada póliza en concreto”, explica la abogada Virginia Martínez, socia de Regulatorio y Procesal de Seguros en la oficina de Madrid del despacho de abogados Bird&Bird.

Fuentes oficiales de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) ahondan en esa aclaración: “En general, en España, no existe cobertura de pérdida de beneficios derivada de cierres de negocio por decisiones de la autoridad decretadas a raíz del estado de alarma (…) Para que la cobertura por interrupción de negocio se active debe haberse producido un daño material cubierto por la póliza sobre los bienes asegurados y este no es el caso cuando el cese de la actividad viene determinado por una decisión de la autoridad”, explican.

El abogado Joaquín Ruiz Echauri, socio de Seguros y Reaseguros de Pérez Llorca, también incide en este hecho y reitera que “no todo está cubierto, ya que de otro modo el asegurador simplemente cubriría cualquier pérdida de beneficios procedente de cualquier cierre con independencia de la causa, y eso no está ni en el espíritu ni en la letra de nuestra Ley de Contrato de Seguros”.

Según explica Martínez, en los casos en los que ha habido sentencias favorables, por regla general, “estas cuestiones no han sido analizadas”. En la Sentencia núm. 59/2021, de 3 febrero, de Audiencia Provincial de Girona (Sección 1ª), si bien la póliza sí exigía que la paralización temporal de la actividad empresarial fuera consecuencia directa de un siniestro amparado por la póliza comprendida en las coberturas de daños, dado que la aseguradora no cuestionó en este extremo, esto no fue analizado por la referida sentencia.

La misma abogada explica que la Sentencia núm. 254/2021, de 16 de junio, de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 2ª), por su parte, “tampoco entró en el fondo del asunto”, al concluir que la aseguradora debía indemnizar al asegurado habida cuenta de un incumplimiento en la forma de suscripción del contrato de seguro (al no haberse facilitado al asegurado las condiciones generales, sino solo las particulares).

El caso más reciente y la respuesta de la aseguradora
Antonio Estella, el letrado que ha representado al dueño del restaurante de Granada que está detrás del último caso, señala a RTVE.es cuáles han sido los principales argumentos que han mantenido:

“Nosotros alegábamos que todo lo que no está expresamente excluido está incluido y la pandemia no estaba excluida en esta póliza concreta. En segundo lugar, toda cláusula oscura siempre favorece al asegurado”, ha detallado Estella, que precisa que el clausulado de las aseguradoras es muy amplio y que algunas son más específicas que otras. En el caso concreto de esta póliza, dice, se usó “una expresión bastante genérica por la que se cubría cualquier siniestro” y esa es “la rendija” por la que su equipo se coló para solicitar la indemnización.

Según Estella, que forma parte del despacho MLegal, para que un negocio pueda plantearse iniciar un procedimiento judicial como ese tendría que contar con una póliza que no excluya expresamente las pandemias y tener contratada una cobertura de pérdida de beneficios o lucro cesante.

Sin embargo, desde UNESPA señalan que la Ley de Contrato de Seguro (LCS) exige que el siniestro esté descrito en el contrato para que haya lugar a indemnización por lucro cesante. “Para que la interrupción de negocio por una decisión de la autoridad esté cubierta, tendría que haberse incluido esta cobertura en la póliza. Al no darse esta circunstancia, la paralización de la actividad empresarial por decisión de la autoridad no está cubierta por el seguro y no resulta indemnizable por la aseguradora”, detallan.

En línea con ese argumento, la aseguradora afectada, Generali, avanza en declaraciones a este medio que recurrirá la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 14 de Granada, contra la que cabe recurso de apelación, por cuanto, «la garantía de pérdida de beneficios incluida en la póliza exige, para su activación, la existencia de un siniestro cuyos daños materiales se encuentren cubiertos por la póliza».

«En este caso concreto, la pérdida que haya podido sufrir el cliente no está provocada por un daño material cubierto por la póliza, ya que es consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno y por ello no está amparado por la póliza de seguro», sostienen fuentes de la compañía, que afirman que, con excepción de esta sentencia, «en todas las demandas presentadas contra Generali por asuntos similares, las sentencias obtenidas han sido favorables a la aseguradora».

La interpretación de los jueces
De todo lo anterior se deduce que la interpretación de los jueces tiene cierto peso en estos casos, como confirma Ruiz Echauri.

“Hay que partir de que en España hay alrededor de 5.500 jueces y magistrados y, lógicamente, hay diversidad de opiniones en cualquier debate. En el que nos ocupa, algunos jueces entienden que todo lo que no está expresamente excluido está cubierto, y eso les lleva a dar la razón en esas reclamaciones. En lo que no reparan es que ese planteamiento haría imposible el negocio asegurador, que se basa en proteger respecto a riesgos no sólo previsibles, sino expresamente asegurados. El que algo sea previsible no significa que haya sido asegurado, depende del interés del cliente y del apetito al riesgo de la aseguradora”, sostiene el abogado.

En este sentido, Martínez apunta que también hay sentencias que han desestimado este tipo de demandas presentadas por negocios hosteleros reclamando la cobertura de pérdida de beneficios.

¿De qué depende la cuantía de la indemnización?
En los casos que terminen con sentencia favorable, la cuantía que se pide abonar la aseguradora depende de la pérdida de beneficios que el asegurado acredite en cada caso concreto, así como de las condiciones de la cobertura. Por ejemplo, la franquicia temporal —el periodo a partir del cual la pérdida de beneficios será indemnizable— o el límite máximo de indemnización.

Por esto, la cuantía es tan distinta entre los casos que se conocen (6.000, 18.000 y 80.000 euros, respectivamente).

La pizzería de Girona había pactado con la aseguradora una indemnización diaria de 200 euros y un periodo de indemnización de 30 días (sin franquicia), mientras que el restaurante de esa misma provincia al que el juez dio la razón meses después acordó una indemnización diaria de 250 euros y un período de indemnización de hasta tres meses.

“Un asegurado puede elegir coberturas más altas que otro por infinidad de circunstancias; no es lo mismo un gran restaurante que uno pequeño, y es lógico que en riesgos más grandes se suscriban protecciones mayores”, agrega Ruiz Echauri.

¿Habrá efecto llamada?
Después de que estas sentencias hayan tenido eco mediático, cabe pensar que podría dispararse el número de procedimientos de este tipo, pero esta posibilidad no parece igual de probable a ojos de los distintos expertos consultados.

“Evidentemente, las sentencias que condenan a aseguradoras podrían generar un efecto llamada, pues prácticamente todos los negocios de hostelería se han visto afectados por el primer estado de alarma. Hasta que no recaiga alguna otra sentencia no lo sabremos con seguridad, pero posiblemente sí haya otros procedimientos iniciados donde se discuta la cobertura de pérdida de beneficios durante el primer estado de alarma”, opina Martínez.

Estella, por su lado, se muestra convencido de que ese repunte de solicitudes sí se producirá, basándose en su experiencia con el caso que él mismo ha llevado en Granada. “Este es el primer gran precedente y nos da mucha esperanza que sirva para que haya más sentencias favorables. La fundamentación es muy buena”, defiende el abogado, quien admite que en los últimos días numerosos negocios hosteleros se han puesto en contacto con su equipo para que revisen su póliza.

Ruiz Echauri, en cambio, cree que es “difícil de predecir” y cree que ninguna sentencia ha asentado, de momento, jurisprudencia. Ni siquiera existe, dice, “una línea asentada contra las aseguradoras” en los procedimientos judiciales que se están dando. Además, advierte el abogado, se trata de demandas que entrañan riesgos de costas judiciales para los reclamantes.

Fuente: rtve.es